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La pretensión política del régimen “incendia” a Guayana


Escrito por: Olivia Lozano

Si algo ha impactado negativamente la realidad de los trabajadores venezolanos, ha sido la injerencia del proyecto político de Hugo Chávez en el contexto laboral. El decreto por él impuesto, conforme al cual se estatiza nuevamente la Siderurgica del Orinoco, dictado el 12 de mayo de 2008, sólo trajo consigo la anarquía a los trabajadores de la empresa. Un discurso preñado de mentiras, cuyo objeto principal ha sido promover el trasnochado y fracasado modelo socialista del siglo XXI, lo llevó a expresar entre otras frases: “Hoy es ciertamente un día histórico, de victoria popular y obrera”. Nada más alejado de la realidad ya que el caudillo neopopulista, disfrazado de obrerista sólo logró con su influencia negativa, acabar progresivamente con los niveles de producción de la acería. Hoy día, la que fuera una de las empresas más productivas en el continente, ha sido condenada por la política impuesta por el régimen, al estado de ruina y desmantelamiento que le caracteriza. Todo ello con base a la demagogia, la incapacidad e improvisación que ha inspirado su modelo político,

En la propuesta contenida en el proyecto Nacional Simón Bolívar, se plantea la necesidad de convertir las empresas del hierro, acero y aluminio del Estado en herramientas útiles capaces de proyectar la nueva cultura del trabajo. Para darle viabilidad a dicho proyecto surge el Plan Guayana Socialista 2009-2019. El objetivo fundamental sería lograr la unidad política y estratégica del Presidente de la Republica y los trabajadores de Guayana a través mesas de trabajo. En el documento se expresa la idea, mediante la transformación y unificación de las empresas, de implantar el llamado control obrero. Mas de 600 trabajadores se reunieron desde Mayo del 2009, con la finalidad de realizar un diagnóstico sobre las empresas  y el movimiento sindical.

De esta actividad surgió el Informe de los Trabajadores de las Mesas Técnicas del Plan Socialista 2009-2019, cuya lectura obligatoria creemos recomendable. En el informe se considera, que el plan propuesto sólo fue una artimaña para desarticular el movimiento sindical. El llamado control obrero jamás fue ejecutado, aunque fue la bandera más cacareada en el contexto del nonato plan. La maniobra según la cual, los gerentes serían sugeridos por los trabajadores, sirvió en bandeja de plata la decisión posterior de entregar tales posiciones a militares de diferentes rangos, en combinación con las parcelas políticas asociadas con el PSUV.

El desconocimiento de los trabajadores y la organización sindical, ha funcionado como un plan de desarticulación y disminución del sindicalismo en todas las empresas. El régimen, de la mano del “obrero presidente Nicolás Maduro”, arreció con particular saña contra los trabajadores. Los verdaderos interlocutores, ministros militares, obstaculizan y prohíben las contrataciones colectivas, desconociendo la voluntad popular. Las asambleas de trabajadores para aprobar los acuerdos contractuales, han sido realizadas entre cantos de gallos y media noche. Mediante tal acción se ha buscado dividir a los sindicatos, pasando con ello por encima de  los trabajadores. El caso más reciente es el de Sidor, protagonizado por Diosdado Cabello. De manera irregular, el Presidente del Poder Legislativo se entrometió en el debate, señalando a los dirigentes sindicales como locheros, traidores y mafiosos.

Por otra parte, el Poder Judicial penaliza  la protesta pacifica y no violenta por la reivindicación de los derechos laborales, al privar de libertad a quince trabajadores y sometiendo al régimen de presentación a otros diez. Mientras tanto, la cuestionada GNB, bajo las órdenes del Gobernador Francisco Rangel y el comandante del Core 8, atacaron con bombas lacrimógenas y tanquetas a los trabajadores de Guayana durante las manifestaciones de calle. En Definitiva, es la respuesta que el régimen ha dado al conflicto sindical, represión y persecución y cárcel.

La situación de conflicto entre los trabajadores de Guayana y el Estado venezolano, a través de las empresas básicas, debe ser canalizada debidamente. En el entramado legal venezolano existen las pautas para encauzar la normalización de la relación política y laboral. Insistir en la división del movimiento sindical, mediante el subterfugio de la creación de organismos de base paralelos a los sindicatos ya existentes, sólo conllevará a la agudización del conflicto. De la manera como el régimen enfrente esta situación, depende el escalamiento del la conflictividad hacia otras empresas tales como Ferrominera, Alcasa, Venalum y todas aquellas que conforman el emporio industrial de Ciudad Guayana. La aplicación de la fallida estrategia del régimen, cuya doble finalidad pretende el control de los trabajadores y las empresas con fines políticos aviesos, se cierne sobre la región como una amenaza tangible. El riesgo de conflicto permanecerá en la región de mantenerse tal actitud, pues, todo ello traerá como consecuencia la respuesta proporcional que todo conflicto genera.